La crisis del COVID-19 como Aleph peruano

Artículo preparado para el libro América Latina: Del estallido al COVID, editado por Rafael Rojas y Vanni Pettina

 

En ese instante gigantesco…
Jorge Luis Borges

Entre Escila y Caribdis

Parece tonto recordarlo, pero es mejor hacerlo: el maldito coronavirus ha puesto de rodillas a los mejores servicios de salud del mundo, y los que no han colapsado lo consiguieron a un costo económico desorbitante. Sería mejor que los latinoamericanos —tan propensos a la chauvinista competencia por la medalla de oro a la calamidad— veamos la cosa en perspectiva regional. Salvo Costa Rica y Uruguay, la verdad es que el resto ha confirmado lo que temíamos: somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur. La calamidad traída por el COVID-19 debería llevar a los latinoamericanos a pensar en esta desgracia compartida, antes de lanzarse a la búsqueda del gato más oscuro entre los gatos negros.

En el Perú, el coronavirus ha generado un daño considerable y aún no se saben las dimensiones que pueda alcanzar. Como a todos los países, la crisis nos puso entre Escila y Caribdis. Y tanto Escila-salud como Caribdis-economía nos han pegado tremenda zarandeada. Al 15 de junio del 2020, el Perú tiene 232.992 casos confirmados y 6.688 muertos por COVID-19. Y tanto reportes nacionales como internacionales señalan que la cifra real de fallecidos podría ser tres o cuatro veces la oficial. Enfrente, la economía se desmorona. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía de 12% del PBI. El aumento de la pobreza sería de 10 puntos para el fin de año. Igual, hay que ser muy cautos con las cifras, pues esta historia está lejos de haber culminado. En el gráfico 1 he intentado capturar de manera comparada esta situación donde no pudimos salvarnos ni de Escila ni de Caribdis. ¿Cómo así el Perú, tan celebrado en las últimas décadas por su crecimiento económico y estabilidad política —en medio de tanta bancarrota y batahola en la región— fue superado por el virus de marras?

Gráfico 1. Fallecidos por millón y estimación de variación del PIB 2020 en América Latina

Fuente: Base de datos Our World in Data (al 15 de junio) y Banco Mundial (2020)

En este ensayo propongo que la crisis generada por el coronavirus funciona como un Aleph peruano, un punto exiguo —diámetro de dos o tres centímetros, afirma Borges— que, sin embargo, condensa todo lo que hemos construido; un punto donde convergen y se distinguen las trayectorias de largo y mediano plazo que han dado forma al Perú contemporáneo.

En la primera parte del artículo mostraré algunas de las medidas asumidas por el gobierno de Vizcarra y, luego, en la segunda y tercera, presentaré la manera en que estas pueden engarzarse a las trayectorias de mediano y largo plazo de nuestro desarrollo económico, social e institucional. Al hilar esas trayectorias con la gestión inmediata de la crisis, nuestros resultados aparecen más como una necesidad que como una sorpresa.

La sensatez ineficaz

Entonces, a los peruanos no nos ha ido bien lidiando con el coronavirus. Ya lo dije, los resultados en el rubro salud y economía son trágicos. ¿Quiere esto decir que las principales medidas tomadas por el gobierno peruano en el contexto latinoamericano fueron un disparate? Pues no. El gobierno de Martín Vizcarra no se comportó como el de Jair Bolsonaro o Daniel Ortega, quienes alentaron que la gente rechazara los confinamientos. Ni siquiera fue errático como el de Boris Johnson, Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador, quienes pegaron marchas y contramarchas dando lugar a escenarios gravísimos. El gobierno peruano impuso una cuarentena casi total muy pronto, apenas 9 días después de conocido el primer caso y sin que hubiera ocurrido la primera muerte. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Italia y España introdujeron sus cuarentenas cuando tenían 463 y 136 fallecidos por coronavirus. Esto también se sostiene en el contexto latinoamericano; las medidas de confinamiento en el Perú fueron más drásticas y prontas que en Chile y Argentina, Panamá y Colombia. Es decir, en términos de salud, la medida más recomendada y eficiente para detener la expansión del virus, la cuarentena drástica, fue introducida con celeridad.

Esta medida de salud excepcional convocó medidas económicas excepcionales. Con rapidez semejante, el Banco Central de Reservas (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se salieron del molde ortodoxo que ha marcado el manejo económico peruano en los últimos años, y dispusieron un plan expansivo. Sin paralizarse por el déficit que generaría, lanzaron un plan de estímulo que alcanzaba el 12% del PBI nacional. El dinero producto de dos décadas de orden fiscal y crecimiento económico se utilizaría, de un lado, para respaldar préstamos a empresas y asegurar la cadena de pagos y, en otro frente, para distribuir varios y diferentes bonos monetarios que alcanzarían hasta a siete millones de personas. Además, el Perú acudió al mercado internacional y consiguió capitales frescos y baratos. En resumen, también en el frente económico el gobierno actuó con prontitud destinada a limitar el impacto económico de una cuarentena severa.

Sin embargo, el caso peruano mostró pronto los límites de los liderazgos, de las decisiones audaces y de la buena voluntad. Unas pocas medidas consiguieron regular de manera eficaz a los actores sociales; pero muchas otras fueron inútiles para regular a la sociedad. En el primer grupo están algunas medidas económicas. Pongamos dos ejemplos. El MEF decidió emitir bonos y endeudarse en el mercado internacional. Rápidamente hicieron gestiones en Nueva York y se consiguieron los préstamos. Otro: cuando los bancos quisieron prestar el dinero del programa Reactiva Perú con tasas de interés demasiado altas, el BCR decidió que estos no tendrían la libertad de establecerlas por sí mismos, sino que deberían pasar por una subasta y así conseguir tasas más bajas. Y ocurrió. Los préstamos respaldados por el programa Reactiva Perú se han hecho con tasas de interés por debajo de 2%.

Sin embargo, el Estado peruano, que se las sabe todas en los pasillos financieros de Nueva York, fracasa en entender y ordenar a la sociedad peruana. Ante ella aparece un océano insalvable. Mantengámonos en el mundo de la economía. El 16 de marzo se anunció un primer bono de 380 soles; el 27 de marzo otro y, al ver que la cuarentena se respetaba menos de lo deseado, el gobierno impuso un bono casi universal de 760 soles para mayo y junio. Decisión rápida y encomiable. Entregarlos, en cambio, ha sido un vía crucis. Dos meses después de anunciado el primer bono, miles de familias no lo habían recibido, es decir, en estos años el Estado peruano había sido eficiente para ahorrar, pero resultaba un inútil a la hora de desembolsar.

En los otros ámbitos estatales se repitió la incapacidad para poner orden sobre la sociedad. Dos meses después de haber declarado la cuarentena, la situación peruana se descontrolaba. Vale decir, la expansión del contagio se multiplicó. En un país donde 30% de la población sale cada día a la calle para conseguirse la vida era muy difícil que la gente se quedase en casa, más si el gobierno pataleaba para entregar los bonos. Asimismo, en escenas de tonos bíblicos, 200 mil peruanos se lanzaron en caminatas desde Lima hacia sus departamentos de origen cuando vieron que en la capital confinada morirían de hambre. Estas marchas no solo revelaron la carestía de muchísimos compatriotas, sino que el Estado no las previó ni supo qué hacer con ellas. En fin, en una serie de ámbitos, el gobierno fracasó en lograr que la sociedad se comportase de acuerdo con sus normas. No entro aquí a desentrañar las razones de esto —que las hay para todos los gustos—, quedémonos en el hecho concreto: un Estado que no manda.

Y en harapos. Al comenzar la crisis, el Perú contaba con cinco ventiladores mecánicos por cada 100 mil habitantes; esto es, debajo de los 13 que tenía Colombia o los 25 de Brasil (Guatemala contaba con tres). Al empezar la pandemia, el presidente Vizcarra declaró que el Perú tenía 100 camas UCI (en abril la ciudad de Bogotá tenía 800). Sin abundar en detalles, nuestra infraestructura en salud parecía un bloque de sacos de arena esperando un tsunami. Al llegar la ola, el sistema se desbordó. A esto debemos sumar que, cuando la emergencia comenzaba, el Ministerio de Salud perdió tiempo precioso al comprar mal y tarde las pruebas serológicas y moleculares necesarias para la detección del virus.

Pero las falencias estatales no se limitan al rubro de la salud pública. Al 10 de junio, 170 policías han fallecido por COVID-19 y 9.900 han sido infectados. Si tenemos en cuenta que la policía peruana cuenta con 110.000 efectivos, es delirante y triste la proporción de contagios y fallecidos entre quienes sirvieron al país en esta circunstancia. A los dos meses de establecida la cuarentena, se hizo público que la policía había comprado mascarillas caras pero inadecuadas para esta epidemia.
Las cárceles peruanas resultaron otro espacio de vergonzosa incapacidad gubernamental. Al 10 de junio hay 220 presos muertos por COVID-19. Ciudadanos enteramente bajo la custodia del Estado. Es escandaloso que el ministro de Justicia no haya renunciado o sido censurado por este resultado.

En resumen, haciendo sumas y restas, las principales reacciones del gobierno estuvieron alineadas con lo que la ciencia (de la salud y la economía) aconsejaban. Más allá de errores lamentables que cualquier administración hubiera podido cometer —esos u otros peores, como lo demuestran algunos países—, los peruanos no padecimos un gobierno errático, tacaño o esotérico. Sin embargo, como dirían los futbolistas, los resultados no se dieron.

¿Son cosas del fútbol?

Lo que se hizo bien y mal durante la crisis refleja con precisión lo que se hizo bien y mal en las décadas anteriores. Las decisiones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), y María Antonieta Alva, ministra de Economía, resultaron de la convergencia de la solidez del largo plazo institucional con estos liderazgos. Con todas sus diferencias, ambos son profesionales sólidos y con muchos años en el sector público, que pudieron tomar decisiones desde una macroeconomía sana. Estas instituciones y sus políticas han comandado la economía peruana que, entre el 2000 y el 2019, creció a un promedio de 4,8% anual. En ese lapso las reservas peruanas pasaron de 8.180 millones de dólares a 68.316 millones, y hubo una inflación anual promedio de 2,6%. El déficit se ha mantenido por debajo de 2% a lo largo de dos décadas. Cuando llegó la pandemia, entonces, lo hecho en años precedentes permitió tener recursos para hacer políticas contracíclicas y facilitó conseguir créditos rápidos y baratos en el mercado internacional.

Sin embargo, gobernar la sociedad es muy distinto a regular a sus actores financieros. Durante muchos años, el Perú celebró la administración de las cuentas nacionales y renegó de la capacidad de gobernar. Fuera de las entidades abocadas a mantener las reglas macroeconómicas básicas, en el resto del Estado se impuso la inerte mediocridad. En realidad, hasta el MEF —que se preciaba de una continuidad tecnocrática importante— ya había entrado en un considerable declive. Entre el 2014 y el 2019 tuvo siete ministros. Esto, entre otras variables, generó una economía sin reformas importantes y, por tanto, cada vez más dependiente de precios internacionales que no eran ya los del boom de los commodities. Un MEF distante de lo micro, de la economía real de los peruanos. Por poner un par de ejemplos, nunca impulsó la inclusión financiera a través del Banco de la Nación, que está a su cargo. Al llegar la pandemia, solo cuatro de cada 10 peruanos tenía una cuenta bancaria. Se entiende el vía crucis para entregar los bonos. Y se trata también de un MEF durante años desentendido de las pequeñas empresas. Se comprende, entonces, que las decisiones en este contexto revelaran más audacia macro que microeconómica.

En el resto del Estado, la deriva era aun más grave y añeja. La acumulación de políticas con una dirección sostenida es infrecuente; las herramientas para llegar a la sociedad son débiles y la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción. El sector salud es un caleidoscopio de todas estas ineficiencias. Durante las últimas dos décadas, el gasto peruano en salud ha sido de alrededor del 4% del PBI (Gráfico 2). Y a partir de este dato quisiera subrayar tres cosas. Primero, debido al crecimiento económico notable del Perú, el 4% del año 2019 era mucho más grande que el 4% del 2000. En términos brutos, al sector salud sí le llegó mucho más dinero. Pero sabíamos que la salud peruana no debía seguir desmembrada en varios sistemas y que estaba tomada por la corrupción. Es decir, los presupuestos no albergan en sí mismos la debacle. En segundo lugar, ese 4% en esas dos décadas es de los más bajos de América Latina. En Costa Rica y Uruguay —que entre los dos suman 40 muertos por coronavirus— el gasto en salud ha sido de 8% y 9% del PBI, respectivamente. Tercero, esto implica en el Perú un equilibrio por 20 años. O sea, una situación de desatención que decidimos mantener en los años de gran crecimiento económico, lo cual no es una sorpresa en un país donde por mucho tiempo se alabó el “piloto automático”: no hacer olas, no ponerse creativo, no desbaratar nudos institucionales, no cruzar espadas con la corrupción, en síntesis, seguir haciendo el muertito con la esperanza de hacer crecer al PBI del próximo trimestre.

Gráfico 2. Gasto en salud como porcentaje del PIB en países de América Latina

Fuente: Portal del Banco Mundial

La indefensión de la policía para patrullar el país en tiempos de coronavirus es una extensión casi natural del sector Interior, donde la corrupción ha sido una verdadera garrapata mientras los ministros se han sucedido uno tras de otro sin ton ni son (29 en 20 años). Hubo un único intento de reforma general del sector el año 2003 y después, en el breve y agitado gobierno de PPK (2016), hubo iniciativas importantes, pero dichos esfuerzos fueron breves y vanos contra la desidia y corrupción. Los 170 policías muertos y los miles de contagiados que, premunidos de mascarillas inútiles fueron enviados a morir a las calles, parecen la lógica expansión de dos décadas decadentes.

En síntesis, en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo. Y acorde a esas características actuó durante la pandemia de COVID-19. Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental. De hecho, una situación idéntica ya había sido constatada tras dos desastres naturales. El 2007 un fuerte sismo destruyó la ciudad de Pisco, a 300 kilómetros de Lima. Pero después de una reacción para reconstruirlo cuanto antes de la mano del empresariado, la cosa se empantanó. Y el 2017 el fenómeno del Niño dejó en pésimo estado buena parte de la infraestructura de la costa peruana. Tras un primer impulso de aplaudir, se le encargó la reconstrucción a otro gran gerente del sector privado, y nuevamente se enarenó. Por cierto, para muchos es notorio que la crisis del COVID-19 ha golpeado el norte peruano con particular fuerza porque seguía devastado por aquel fenómeno del Niño.

Ahora bien, esta mezcla de recursos económicos e ineficacia gubernamental que marcó al Perú de los años 2000 no es un hecho de la naturaleza. En general, quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto. Además, se generó una combinación perniciosa entre actores políticos y económicos; es decir, se estableció un equilibrio mutuamente conveniente en el que políticos sin partido (y, de manera más general, sin vínculos con la sociedad peruana) llegaban a la presidencia —u otros puestos de elección— y encontraban una economía que crecía y en la cual los actores económicos —empresariales y tecnocráticos— se encargaban de exigir y conseguir que los ejes fundamentales de la política en el país no se alterasen. Basta mirar el presupuesto nacional y se constata que todos los sectores avanzaron de manera inercial. En términos de variaciones porcentuales en la asignación del presupuesto peruano de los últimos 15 años, solo es significativo el punto adicional de PBI que se dio a educación durante el gobierno de Ollanta Humala. En los otros sectores prevaleció la reproducción de lo de siempre. El único proyecto era el de seguir creciendo económicamente. ¿Qué hacer con el dinero del crecimiento? Eso no se lo planteó nadie. Y hoy nos queda claro que esta opción por la inercia reclamada por los actores económicos era funcional a una clase política que medraba de la institucionalidad postergada. Alejandro Toledo tiene procesos abiertos por corrupción y será extraditado de EE.UU. en cualquier momento; Alan García se suicidó cuando un fiscal llegó a detenerlo por actos de corrupción; Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han estado en prisión preventiva y tienen más de un proceso abierto por corrupción; y Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario por la misma razón.

Es curioso que, con esta pública y notoria trayectoria de crecimiento económico, corrupción, ineficiencia y desidia, muchos parecieran descubrir en estas semanas dramáticas que no estábamos a un paso del desarrollo. Y esto es relevante porque en estos mismos años se construyó un relato optimista hasta el agravio según el cual la acumulación capitalista generada por este régimen inercial ponía proa hacia al progreso. Ojo, era natural celebrar los estupendos resultados económicos peruanos. Después de todo se trataba de un país que había estado en el mismo infierno al comenzar la década de los noventa. Pero el discurso oficial convirtió indicadores económicos en indicadores de progreso. Tantas veces oímos que en el Perú bastaba con que no ganase un populista y seguiríamos enrumbados al desarrollo. Tal era el catequismo de los actores económicos y sus satélites. Por cierto, esto forma parte de un problema común latinoamericano: el crecimiento económico en sociedades altamente desiguales permite que las clases altas se consideren a un paso del primer mundo. La burbuja favorece el mito. En el Perú, las grandes conferencias empresariales y los medios de comunicación difundieron esa frivolidad. Y Rolando Arellano, un experto en mercadeo que en predios empresariales pasa por científico social, vendió durante años la tesis según la cual el Perú de los 2000 ya no era uno marcado por las diferencias económicas sino por distintos “estilos de vida”, y donde la clase media era tan extensa que ahora la pirámide social tenía forma de rombo.

La pandemia ha demostrado que las cosas eran muy distintas al burbujismo empresarial. Lo que estructura la vida social peruana es la vulnerabilidad que segrega una economía con 70% de informalidad. El 80% del desarrollo urbano peruano se ha hecho al margen de la ley. El 70% del transporte es informal. Y a esto se suma una penuria y desconexión grave: como ya dije, el porcentaje de peruanos con una cuenta bancaria es 40%; y casi la mitad de los hogares peruanos no tiene una nevera. ¿Clases medias sin nevera, cuenta bancaria o título de propiedad? Decidieron creerlo.

Entonces hemos sufrido, para resumirlo con Sabina, 20 años de mitos mal curados. Ahora, no todo el mundo compró el embuste. En un libro del 2013, los economistas José Gallardo y Piero Ghezzi señalaron con todas sus letras que el modelo peruano no contenía las semillas del desarrollo. Muchos otros investigadores apuntaron en direcciones semejantes. Y yo mismo, desde un marco más político, sostuve en mi libro Ciudadanos sin república (2013) que el Perú contemporáneo estaba definido por el éxito de la promesa neoliberal y el fracaso de la promesa republicana, y que si no acercábamos ambas promesas no había desarrollo posible. Pero a la derecha consagrada al santo dígito del PBI le dio igual. Se consideró que el modelo económico era también modelo de desarrollo.

Hubo vida antes del neoliberalismo

Es curioso, pero la izquierda intelectual que brilla en acusar a los politólogos de ser poco densos históricamente, cada vez que realiza un diagnóstico sobre el Perú contemporáneo se ampara en una categoría que sobresale justamente por su escaso recorrido histórico: el neoliberalismo. 30 años de utilización. El término sirve más para describir que para explicar. Pero en las filas de la izquierda piensan que nuestros problemas sociales e institucionales se originan en la Constitución de 1993. Su obsesión, al igual que en la derecha, es el modelo económico.

Por eso es importante subrayar que la crisis del coronavirus no solo moviliza tendencias de las últimas tres décadas, sino que transpira 200 años de intento republicano. No se trata de proponer que el país está definido por rasgos idénticos a través de toda su existencia. Pero ya que el 2021 se cumplen 200 años de la Independencia, nos viene bien tomar conciencia de ciertas tendencias que, adoptando formas concretas nuevas, reciclan viejas dolencias. Sin gran sistematicidad, quisiera aquí subrayar dos particularmente importantes en estas semanas de crisis.

Primero, la distancia entre nuestra fortaleza económica y nuestro desarrollo social. Esa es exactamente la caracterización que hace de nosotros el investigador James Mahoney, profesor de Northwestern University, al estudiar la segunda mitad del siglo XIX latinoamericano. La mayoría de los países tenía un desarrollo social “alineado” con su nivel de desarrollo económico. Las excepciones eran Perú y Venezuela, donde lo social era inferior a lo económico. Ese fue el Perú del guano, sin duda. Acumuladas por centurias, montañas de heces de las aves de la costa peruana solventaron unas décadas que nuestro gran historiador Jorge Basadre denominó como la “prosperidad falaz”. Pagó décadas de encumbrada parranda limeña y clientelismo estatal a diestra y siniestra. Quebramos. Habíamos sido pobres con plata. La fórmula de aquel boyante fracaso bombea actualidad: élites bailando tango con políticos sin proyectos. De los consignatarios del guano a los cómplices de Odebrecht relumbra una trama indisimulable. Es un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo, lo que el historiador Carlos Contreras señala como “la corrosión de los vínculos entre Estado y sociedad”.

Lo que lleva a mi segundo punto. Hoy constatamos que el Estado peruano es incapaz de gobernar una sociedad al margen de la formalidad, y de tener una penetración moderadamente equitativa sobre su territorio. Pocas cosas suenan menos asociadas al neoliberalismo. En un estudio comparado sobre la capacidad de los Estados latinoamericanos a mediados del siglo XIX, el investigador Marcus Kurtz, profesor de Ohio State University, señala que el Perú para entonces ya había entrado en una trayectoria de “atrofia estatal”. El término no es un detalle: atrofia. Y también es importante resaltar que no lo describe como algo atrofiado, sino condenado a la atrofia. Para Kurtz, la perseverancia en el Perú independiente de vastas poblaciones en condiciones de semiesclavitud con unas élites políticas incapaces de llegar a acuerdos signó la imposibilidad de conseguir un Estado funcional. 150 años después, es uno donde la primera línea del sistema de salud no consigue relacionarse efectivamente a la ciudadanía y en el cual, mientras escribo este texto, tiene 50% de sus médicos fuera de combate porque están contagiados. Tremenda incapacidad estatal que no sorprendería a quienes han estudiado de manera comparada el siglo XIX latinoamericano.

No pretendo que el lector comulgue con estas piezas de oscuro determinismo. Pero sí me resulta crucial traerlo a la discusión contemporánea, porque evidencia que las dimensiones de aquello que debemos reencauzar no son un par de políticas públicas, ni la abolición de un capítulo en particular de la constitución.

Expect Poison from the Standing Water

Este ensayo se abrió graficando los componentes económicos y sanitarios de la crisis presente. Pero hay que cerrarlo señalando que esta no es una crisis ni económica ni de salud: es una crisis Estado-nacional. El Aleph peruano no resiste ser travestido en hecho fugaz. Si hubiéramos sufrido un terremoto o una guerra, habríamos comprobado vicios y virtudes semejantes, es decir, hubiéramos tenido un montón de plata ineficaz. No sé en qué estado letárgico han vivido los últimos años quienes hoy repiten la monserga según la cual esta crisis “nos ha desnudado”. Hace mucho que el país transita el declive que desprende la inercia.

“No esperes sino veneno de las aguas estancadas”, dice un verso de William Blake. ¿En qué consiste nuestra agua estancada? En la existencia de un equilibrio institucional donde se acepta que cada ciudadano debe velar por sí mismo. ¿Y cuál es el veneno que destila? Que cada uno velando por sí mismo es la forma solapada de nombrar el todos contra todos. Es decir, una república sin atisbo de fraternidad. La no-república. Y su resultado: el COVID-19 dejará miles de muertos y millones de bancarrotas muy bien repartidas desde las líneas de nuestra desigualdad.

Ahora bien, me pregunto con genuina intriga ¿realmente queremos los peruanos dejar de chapotear en esa agua estancada? No lo sé. Tal vez la mayoría esté cómoda con el equilibrio del rebúscate como puedas. Después de todo, como diría la presidenta de la Confederación Empresarial Peruana, María Isabel León, ni que fuéramos Europa. En todo caso, honestamente, me parece legítimo considerar que tal vez ese Perú que quiere la señora León —sin ley ni fraternidad— sea deseado de arriba abajo: por el ambulante que se apropia de la vía pública y por el empresario que cabildea una excepción tributaria. Sin embargo, en toda nuestra vida republicana, siempre ha habido un país que lo rechaza con decisión. El problema es que en estos últimos años es asintomático. Su patógeno es la flojera. Solo muestra signos vitales en la UCI electoral. Pero el próximo año hay elecciones y se cumplen 200 años de vida independiente. No pareciera haber mejor marco para entablar esa gran conversación nacional. A estas alturas, me resulta evidente que las generaciones futuras leerán y condenarán nuestra época como una gran oportunidad desperdiciada. Esa sentencia ya está escrita. Ojalá puedan constatar también que, tras el fracaso nacional, tuvimos la entereza y responsabilidad de intentar reencauzar la república y sacarla de las aguas estancadas.

 

Alberto Vergara es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. Consulta su nuevo libro Politics after Violence: Legacies of the Shining Path Conflict in Peru y su trabajo, recopilado en vergarapaniagua.com

 

Libros referidos

Arellano, R. (2010). Al medio hay sitio. El crecimiento social según los Estilos de Vida. Arellano Marketing & Planeta.
Banco Mundial. (2020). Global Economic Prospects June 2020. Banco Mundial.
Contreras, C. (2004). El aprendizaje del capitalismo: estudios de historia económica y social del Perú republicano. Instituto de Estudios Peruanos.
Ghezzi, P., & Gallardo, J. (2011). Qué se puede hacer con el Perú: ideas para sostener el crecimiento a largo plazo. Fondo Editorial – Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
Kurtz, M. (2013). Latin American State Building in Comparative Perspective. Social Foundations of Institutional Order. Cambridge University Press.
Mahoney, J. (2010). Colonialism and Postcolonial Development Spanish America in Comparative Perspective. Cambridge University Press.
Vergara, A. (2018). Ciudadanos sin república. De la precariedad institucional al descalabro político (Segunda edición). Planeta.

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