Revista Poder

A gente não quer só dinheiro / A gente quer dinheiro e felicidade /

A gente não quer só dinheiro / A gente quer inteiro e não pela metade.

Titãs

Que en 1990 el Perú emprendió una nueva era económica no se discute. Pero, ¿estrenó también una era política? Diré que, de manera menos planificada, también emergió una forma nueva de entender y practicar la política. Más preciso: en estos veinticinco años, economía y política han convivido soldadas al calor de 1990, nuestro año cero. Si hasta entonces cargamos con un Estado entrometido hasta atrofiar el aparato productivo, en este último cuarto de siglo se dejó al mercado actuar en libertad con unos resultados económicos bastante espectaculares. Políticamente, si el siglo XX estuvo marcado por distintas y explosivas formas de movilización social (el APRA, los movimientos campesinos, Sendero Luminoso), el nuevo momento renegó de tanto desorden popular, ideológico y embanderado, y se invitó a los peruanos a que emprendieran privadamente y a que, sus ratos libres, por favor, no los dedicasen ya a un sindicato o a un partido político sino a ver a Laura Bozzo. Se entroncaron, así, el enriquecimiento rápido de la sociedad con su mutismo inmóvil. Y de ese enlace se hizo virtud. En este último cuarto de siglo la relación entre economía y política que ha predominado en el país se funda en un mandato simple: compra y calla.

El sustrato filosófico del “compra y calla” es que, ante todo, los individuos somos entes a satisfacerse en el mercado consumiendo. Más consumes, mejor estás. A nivel agregado, esta ética se traduce en el crecimiento del PBI. De ahí la mística agonía que convoca el guarismo que lo nombra o pronostica. Es decir, a los individuos no se nos percibe como ciudadanos que, directamente o a través de sus representantes, construyen un orden político e institucional legítimo. No, esa no es la idea. Las instituciones y las políticas públicas deben estar, en realidad, abocadas a la satisfacción del consumo y, aún más importante, a no entorpecer el engorde del PBI. ¿Y quién conoce cómo construir tales políticas? El tecnócrata. Si los ciudadanos pudiéramos decidir, seguramente sabotearíamos el progreso que estos esmerados técnicos nos proveen. El ideal liberal, democrático y republicano que abre y enuncia la constitución estadounidense, we the people, en el Perú lo reemplazaríamos, felices e irresponsables, por we the technocrats.

Pero mejor modero mi populismo. El crecimiento del PBI es una prioridad y el tecnócrata es básico en el manejo del Estado. Felizmente están ahí. Alfredo Torres acierta cuando fustiga el desdén que la izquierda intelectual exhibe por el crecimiento económico. Y agrega que la derecha, en cambio, ha aceptado en mayor medida que el Estado debe jugar un papel importante en el país. Pienso que el argumento de Torres es esencialmente correcto, pero también que es fundamentalmente incompleto. En los últimos quince años tanto el crecimiento económico como los servicios que brinda el Estado se han expandido y mejorado notoriamente. Y, sin embargo, el desagrado social hacia las instituciones democráticas se ahonda día a día. La confianza en nuestros líderes retrocede, aumenta la proporción de gente que apoyaría un golpe de Estado bajo ciertas condiciones, etc. ¿Por qué prospera este disgusto si tanto mercado como Estado mejoran su performance? Atrapados en la distinción económica Estado/ mercado ocultamos la dimensión que nos encharca en la insatisfacción: la democracia.

[Digresión: Es común oír a comentaristas peruanos señalar que el “modelo” brasileño era una estafa, que no había nada que aprender de ese país, el cual, para resumirlo con los supremos indicadores, crece menos que nosotros y sufre una inflación mayor. OK. Tienen razón. Ahora, ¿qué tal si los comparamos desde el mundo del régimen político y no desde la economía? Por ejemplo, ¿es en Brasil o en el Perú donde habría más probabilidades de que se apoye una dictadura? ¿Es en Brasil o en el Perú donde tiene más posibilidades de ser presidente Daniel Urresti o Brad Pizza? ¿Es en Brasil o en el Perú donde una elección presidencial es dominada por cinco aventureros sin partido político? Si además de la obsesión por el PBI abrazáramos la obsesión democrática encontraríamos mucho que aprender de Brasil.]

Ahora bien, ninguna filosofía manda sin trajinar los pasillos terrenales de la política. Con mucho menos planificación que la reforma económica —la cual llegó de la mano de expertos internacionales y locales con un libreto prêt–à–porter— el “compra y calla” abrió trocha más azarosamente. Cuando Hurtado Miller enunció en 1990 el famoso shock económico, debutó la vida pública del “compra”. Pero lo hizo de la mano de un gabinete con apoyos sociales, pues varios de los ministros provenían de los partidos representados en el Congreso. Figuraba ya la voluntad de “comprar”, pero no rechinaba aún la de “callar”. En el ámbito económico, rápidamente se controló la inflación, nos reinsertamos en el sistema internacional y se detuvo el declive de la economía nacional. En cambio, entre 1990 y 1992, las desavenencias políticas, inducidas o espontáneas, desbarrancaron, la gente repudiaba a los políticos responsables de la crisis de los ochenta y el salvajismo senderista repuntaba. Esta combinación facilitó el autogolpe, el cual liquidó la idea democrática y representativa de gobernar con apoyos sociales. Se instauró el “compra y calla”: el Gobierno quedó en lo fundamental en manos de milita- res, empresarios y tecnócratas. Poco después se decapitó a Sendero Luminoso. La sociedad se entregó. Tan derrotada como satisfecha. Y se instauró el sentido común que sobrevive hasta hoy: a los años ochenta dominados por la miseria y el grito reivindicativo, opondríamos un anhelado futuro de consumo y aquiescencia.

En el último cuarto de siglo las premisas del sentido común se han mantenido con distintos acentos, más o menos democráticos. En cualquier caso, la economía creció más de lo que nadie hubiera pronosticado y el consumo explotó. Se generó con esfuerzo y sacrificio un país extraordinariamente más rico y, sobre todo, menos pobre. A la sociedad económicamente pauperizada y organizativamente maltrecha de los ochenta, se le debilitaron aún más los canales que le brindaban voz y que, al no “callar”, pueden entorpecer el objetivo de “comprar”. Es decir, a la descomposición se sumó la imposición. Los partidos fueron objeto de ataques constantes hasta desaparecer. Incluso la derecha, partidaria y liberal, fue reemplazada por una nueva, caudillista y pragmática. Los sindicatos fueron diseminados tanto por la nueva política económica como por una represión importante a inicios de los noventa; el Congreso de la República asumió su nueva existencia irrelevante y la política se hizo más limeña. Se consiguió, así, que los peruanos fuesen más prósperos y también que importen poco en el proceso político. Pero el discreto encanto antidemocrático de la fórmula, progresivamente, perdió lustre.

El desprestigio del Congreso, la ausencia de partidos, el colapso sindical, la sociedad fragmentada y desorganizada, es decir, todo aquello que fue funcional al nuevo modelo económico se nos ha atorado. Aquello que antes nutría al sistema, ahora lo envenena. Nos enfrentamos hoy, simultáneamente, a la desaceleración económica y a un profundo malestar democrático. La promesa y posibilidad de “comprar” adormeció largo tiempo las carencias institucionales y representativas. Y surge la pregunta: ¿cómo salimos de esta? La izquierda la tiene clara: el culpable es el modelo neoliberal, la economía de mercado y la minería. La derecha, por su parte, sueña con viajar en el tiempo a 1992, aquella coyuntura dorada cuando el pueblo aceptaba gustoso la servidumbre, cuando no votaba por un inútil, cuando no contestaba una Ley Pulpín ni saboteaba los proyectos anti–mineros.

El desafío nacional, creo, más allá de la coyuntura de desaceleración económica que debemos intentar relanzar ya, es uno político y democrático. Es superar la distancia y el recelo enorme que la población dirige hacia nuestras instituciones. Ya está claro que esto no se conseguirá con el mero crecimiento económico. Tampoco con un Estado más presente como el de hoy, que provee más carreteras, escuelas, hospitales, programas sociales, etc. Al país «recontraasado» no lo calma ni el mercado ni el Estado porque no son estos quienes erigen un régimen político democrático, legítimo, representativo, uno que percibimos nuestro. Una democracia no funciona obviando a la ciudadanía ni haciéndole saber de mil maneras que su voluntad es nociva y/o riesgosa. A mí siempre me ha parecido peligroso y llamativo que nadie del establishment nacional se pregunte qué significa en términos democráticos que Humala ignore sin más a sus electores. La gran fuerza moral de la democracia es que las instituciones y las políticas públicas reflejen la voluntad, negociada y representada, de los ciudadanos. La profunda insatisfacción se mantendrá mientras predomine el deseo, no siempre disimulado, de tutelarnos. “Compra y calla” fue una ideología que viró en práctica, pero ha devenido en un chantaje pesado y obtuso: quien cuestiona o protesta en el 2015 es un majadero que no agradece en silencio que ya no estamos en la situación deplorable de 1990.

¿Puede Humala sentir, si no exhibir, alguna vergüenza frente a su electorado, pobre, rural, jodido, del 2006 y del 2011? ¿Puede Alan García confiar en el APRA? ¿Puede Aldo Mariátegui confiar un poquito en el «electarado»? ¿Puede Ántero Flores-Aráoz confiar en los auquénidos a quienes no deberíamos consultar asuntos públicos relevantes? Quizás, lamentable y honestamente, estemos incapacitados para confiar. Ni nos respetamos, ni poseemos ese sustrato de igualdad política que sostiene a una república sana.

Sin embargo, la distancia entre la sociedad y las instituciones y el recelo drástico que ella dedica a sus líderes (políticos, empresariales, intelectuales) puede acortarse con vocación política, representativa, democrática. El desafío nacional no es que la izquierda, que no existe, se amiste con el mercado. Es mucho más que la derecha, que sí existe, deje de soñar con una sociedad aletargada a perpetuidad y se convenza de que, además de comprar, los ciudadanos merecen y deben ser tomados en serio.

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