Página Siete

«Si las clases medias argentinas en algún momento de inicios de los 2000 se convencieron de que al país sólo podía gobernarlo el peronismo, en Bolivia, de arriba abajo y de occidente a oriente, se han convencido de que al avispero boliviano sólo lo apacigua el Evo”.

Samuel Huntington inició su libro  El orden político y las sociedades en cambio (1968) con una distinción que se convertiría en un clásico de la ciencia política contemporánea: la diferencia más importante entre los países no reside en la forma de sus gobiernos (esto es, si son dictatoriales o democráticos, si poseen sistemas presidenciales o parlamentarios) sino por su capacidad de gobernar.
Es posible, concedía Huntington, que EEUU, Inglaterra y la Unión Soviética, tengan sistemas políticos diferentes, pero lo crucial no descansa en sus diferencias sino en aquello que comparten, vale decir en la capacidad que poseen sus gobiernos para gobernar a su sociedad: la capacidad de imponer un orden.
El fantasma de Huntington recorre Bolivia. En voz alta o entre murmullos, con combativo orgullo o con la lucidez que brinda la derrota, en Bolivia se confiesa que a este país sólo lo puede gobernar el Evo. E incluso cuando le pregunto a miembros del oficialismo cuánto duraría un gobierno encabezado por Álvaro García Linera retengo menos sus hipótesis temporales que la triste sonrisa que suele precederlas. Y mucho me temo que buena parte de la clase media y alta que no votará por el MAS se regala el aristocrático gusto por la causa perdida ya que Evo Morales ganará de todas maneras y se mantendrá así la estabilidad adquirida.
Si las clases medias argentinas en algún momento de inicios de los 2000 se convencieron de que al país sólo podía gobernarlo el peronismo, en Bolivia, de arriba abajo y de occidente a oriente, se han convencido de que al avispero boliviano sólo lo apacigua el Evo.
Que una sociedad cansada de desorden se entregue a la promesa de la estabilidad nada tiene de esotérico. Más sorprende, en cambio, que un gobernante y candidato como Morales descubra la potencia de ese activo.
Hace una semana, al inaugurar un local de campaña lo dijo con todas sus letras, «movilizaciones como antes, hasta sacar presidentes no tenemos y no va a haber […] y saben exactamente, si no es todos, muchos, que (el MAS) es el único movimiento político que garantiza estabilidad política y económica”. Una convocatoria al realismo de clases altas y medias antes que a la audacia nacional y popular.
Así, electorado, oficialismo y el Presidente-candidato comulgan ahora en el caudillismo como pegamento último del orden político boliviano. Si tras la revolución nacional se soñó con un PRI andino y si la democracia pactada quiso ser un Westminster paceño, la Bolivia de hoy se reencuentra con la tradición del caudillo latinoamericano.
Y como a muchos de los caudillos latinoamericanos contemporáneos, tanto como su legitimidad popular, les mantiene en el poder un ciclo económico sin precedentes. Apagado el momento de ebullición intelectual y constitucional que marcó la coyuntura de la segunda mitad de los años 2000, Bolivia se normaliza. Menos Gramsci y más aguinaldo. Más que democratización, la agenda es la de la modernización y la infraestructura. Pocos electores pensarán en instituciones mientras el teleférico les abrevia el trayecto hacia el MegaCenter; no las recordarán mientras contemplan las relucientes vitrinas del Ventura Mall. No hay presidente que pierda una elección creciendo a 6% anual.
Ahora bien, en la historia boliviana más de una vez lo estable se ha hecho inestable en cuestión de días.  Los vaivenes políticos han sido escritos menos por sus presidentes y electores, que por la sociedad movilizada ante un Estado débil y por los ciclos económicos atados a los precios internacionales de las materias primas.
Y esas características de la sociedad y política boliviana siguen ahí. El Estado no ha pasado a ser un Leviatán como sugiere Luis Tapia. Más bien, el Estado y las instituciones siguen siendo débiles. Si observamos los índices de gobernanza del Banco Mundial, no es una sorpresa encontrar que desde mediados de la década pasada Bolivia ha mejorado en los rubros «efectividad de gobierno” y «estabilidad y ausencia de violencia”, pero retrocede en aquellos de «Estado de Derecho” y «calidad regulatoria”. Es decir, se ha impuesto un orden… pero no necesariamente el de la ley.
De otro lado, como ha sido tradición en Bolivia, los límites al poder no se establecen en checks and balances republicanos sino a través de la sociedad movilizada. En Palacio y en las calles se sabe que el Gobierno retrocede ante gasolinazos, TIPNIS y ante otros temas y grupos puntuales.
Que el lenguaje de la cooptación no subestime el de la movilización. Ahora bien, puesto que la fortaleza de las instituciones bolivianas es la de siempre (y no su forma, subrayémoslo) desactivar los desencuentros entre Estado y sociedad o entre grupos sociales depende casi enteramente de la legitimidad y billetera del Presidente.
Varios países latinoamericanos (de manejo liberal o de otro signo) constatan hoy, cuando va apagándose el súper-ciclo económico de los últimos años, que la celebración constante del mero crecimiento económico sólo sirvió para posponer la construcción de los canales institucionales que permiten convertir la eventual acumulación en bienestar sostenible. Quién sabe si Bolivia sí conseguirá construirlos.

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