Revista Poder

Para mi generación (treintones) y las siguientes, la reforma agraria fue siempre sinónimo de un experimento fallido. Puesto que llegamos a la adultez cuando el consenso sobre la economía abierta ya mandaba sin rival, la reforma vino siempre a simbolizar el punto más oscuro de una época llena de estatismo, planificación, autoritarismo, sindicatos, de desvaríos nacionalistas, de militares metidos a justicieros, etcétera… Época que, felizmente, se había clausurado para siempre con Fujimori, Boloña y militares que esta vez carecían de pulsiones robinhoodescas. Crecidos en esta época, decía, cada vez que oímos de la mentada reforma fue para despotricar sin misericordia de ella y de una época.

En los últimos meses he leído un par de libros que deberían ayudarnos a observar la reforma nuevamente sin los prejuicios propios de los noventa. En primer lugar, el notable reportaje de Hugo Neira Cuzco: tierra y muerte, publicado por primera vez en 1964 (y vuelto a reeditar el 2007, Herética Ediciones). El segundo, Cuentos feos de la Reforma Agraria que Mayer (IEP y Cepes 2009), donde de manera ágil e informada se reconstruye la reforma desde los testimonios de muchos de los actores que le dieron vida. Ambos libros (uno previo a los hechos y el otro muy posterior) permiten una mirada desprejuiciada de la maldecida reforma.

Empecemos por lo conocido: la reforma agraria fue un desastre económico. Cuando fue dictatorialmente decretada, el 3 de junio de 1969, el general Velasco y los militares conocían aquello que querían destruir: la gran propiedad terrateniente y las instituciones “feudales” que en ella sobrevivían. Pero no tenían mucha idea de lo que querían construir. La tierra fue entregada a los campesinos con la esperanza de que formasen cooperativas eficientes y productivas. Pero esto no ocurrió. Casi todas las cooperativas se fueron a pique, la maquinaria languideció sin mantenimiento, las haciendas fueron saqueadas sin ton ni son, la asistencia técnica estatal fue siempre escasa y, finalmente, los campesinos tasajearon las cooperativas llevándose cada uno la parcelita que había de condenarlos a la pobreza más radical y perenne.

Listo, un desastre. Pero… ¿eso es todo? La lectura de los dos libros mencionados deja en claro que no es lo único. Entre los muchos temas que se podría mencionar, aquí quiero concentrarme en la placenta política (le robo la expresión a Javier Cercas) que maceró el fracaso económico de la reforma. ¿Por qué la reforma agraria que “acabó con toda forma de servidumbre en las haciendas rurales, un cambio trascendental en la historia de los Andes, similar a la abolición de las esclavitud en las Américas” (Mayer, p. 30) debió ser decretada por las bayonetas de un gobierno militar?

Enrique Mayer, profesor en la universidad de Yale, nos muestra en su libro que dicha reforma había sido un clamor durante varias décadas. Se había discutido sobre ella desde los años veinte con Mariátegui, y en las décadas siguientes había sido planteada por sectores reformistas. Pero fue al volver la democracia en los años cincuenta que el Estado evaluó la posibilidad de llevar a cabo una reforma que moderase un régimen donde menos de mil grandes propiedades acaparaban 80% de las tierras del país. La revolución boliviana de 1952 y la revolución cubana de 1959 habían soplado los trombones del susto entre la élite nacional. Ambas revoluciones habían dictaminado drásticas reformas agrarias en países donde la distribución de la tierra era tan o menos injusta que la del Perú. Fue así que el presidente Manuel Prado convocó en 1959 a una comisión encabezada por su Primer Ministro, Pedro Beltrán, para que evaluara una posible Ley de Reforma Agraria. Sin embargo, el informe del Primer Ministro –y connotado terrateniente de Cañete- terminó por desalentar la reforma.

A fines de los cincuenta, los campesinos peruanos se organizaron y realizaron tomas de tierras. Sobre todo en el Cusco, consiguieron invadir grandes propiedades. Y fue así que, en 1962, la Junta Militar en el poder realizó una primera reforma agraria por decreto: expropió tierras para entregarlas a los campesinos de La Convención (Cusco).

Como se ve, la necesidad de dicha reforma democratizadora estaba plenamente instalada en el país.

En las campañas electorales de 1962-1963, Fernando Belaunde prometió, pueblo por pueblo, una profunda reforma agraria. Una vez en el poder, fue incapaz de ponerla en práctica pues el APRA y los parlamentarios del viejo dictador Odría se opusieron tenazmente. Los intereses terratenientes representados en el Congreso consiguieron petardear la esperada reforma. El libro de Hugo Neira es un documento extraordinario para ilustrar aquel momento político en que los campesinos soliviantados del Cusco esperan la reforma agraria que “Huiracocha” Belaunde ha prometido. Son campesinos que durante décadas han oído hablar de la reforma agraria, les han ofrecido la tierra, pero a quienes ahora la paciencia se les va escapando como arena en un puño mal cerrado.

Me parece central entender y subrayar este paso del tiempo que dilapida la paciencia de los campesinos y de los sectores reformistas. Aunque la élite nacional era consciente de la urgencia de una reforma agraria, pasaron décadas sin que nadie se animase a dar un paso inicial hacia la distribución de la tierra. La reforma de Belaunde se estrelló contra un Senado que preservó los intereses de los grandes propietarios; rechazaron la posibilidad de una reforma dentro de los cauces constitucionales mientras el país profundo observaba como, una vez más, la reforma naufragaba. Frente al impasse de mediados de los sesenta, el lúcido joven Neira reflexiona: “Yo hallo esto peligroso, es la intransigencia en el momento crítico, de quienes deberían conceder para subsistir” (p. 60).

En 1969 el gobierno militar resolvió el entuerto con un golpe de sable. Cinco décadas de chácharas reformistas, de intentos fallidos para terminar con el antiguo régimen, de intentos por abolir la servidumbre del indio, desembocaron en un gobierno militar que la llevó a la práctica “a la prepo”.

Y luego los militares la hicieron mal. Pero al narrar el desastre económico que fue la reforma agraria no debe obviarse la placenta política que maceró durante décadas su fracaso: la intransigencia de un grupo económico poderoso que no quiso hacer por las buenas la anhelada reforma (y que al final contó con el decidido apoyo del APRA). La historia completa del fracaso es más justa. La culpa no recae solamente en los militares y en los “indios brutos”, como menciona un ex hacendado entrevistado por Mayer. (Además, no tengo espacio aquí para entrar a las consecuencias políticas y sociales de la reforma agraria, bastante más exitosas que las económicas. Solo citaré a un campesino entrevistado por Mayer: “Como no querían que nos eduquen […] a escondidas yo me entré a la escuela nocturna. Como si fuera un ladrón salía de noche y me iba a la escuela, ahí aprendí alguito. Pero cuando vino la cooperativa, allí ya tuvimos nuestro colegio” [p. 120]).

A la luz del Perú contemporáneo, me parece básico recordar que la élite económica peruana petardeó la posibilidad de distribuir la tierra dentro de los cauces democráticos. Todo el mundo coincide hoy en que la desigualdad en el país es muy grande, que la presión tributaria es muy baja, que las grandes empresas pagan menos impuestos de lo que deberían, que el país se mantiene dividido con una costa enganchadísima al crecimiento y una sierra remolona. Pero no se ven reformas de fondo para revertir estas tendencias. ¿Quién se anima a comenzar una reforma tributaria en serio, que toque los bolsillos más alegres del país y ensanche así los fondos estatales para aliviar las desigualdades? Nuestra historia sobre la reforma agraria sugiere que, tal vez, nadie lo hará por las buenas. Debiera ser tiempo para considerarlo y así no toparnos en el futuro con reformistas prepotentes.

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