Conversando con México

Revista Poder

A fines del año pasado estuve en México para un evento académico. Como uno lleva la patria en los zapatos, me vinieron a la mente una serie de comparaciones sobre los procesos políticos de ambos países. Específicamente, aquel que se estrenó el año 2000. Aquel año, Alberto Fujimori (el cucarachón binacional, Hildebrandt dixit) escapó hacia su refugio oriental, dando pie a la descomposición de su gobierno autoritario y a la vuelta de la democracia en el país. En México, Vicente Fox y su Partido de Acción Nacional (PAN) se hicieron de la Presidencia y la septuagenaria “dictadura perfecta” del PRI dejó, felizmente, de ser tan perfecta. Así, a pesar de las experiencias previas distintas, ambos países debían transitar hacia la democracia mientras se estrenaba el nuevo milenio.

Ahora bien, este punto de partida similar abre la puerta a dos diferencias importantes. De un lado, en México, la gente se pregunta constantemente si realmente se ha abandonado el régimen autoritario del PRI. Los científicos sociales, abrumados por la ambigüedad, han resucitado la vieja jerga de la década de 1980: hablan de “democradura” y “dictablanda” cada tanto, y los analistas más ingeniosos prefieren hablar de una coexistencia de democracia nacional con autoritarismos subnacionales. En definitiva, todos parecen estar de acuerdo en que la transición no ha transitado del todo. En el Perú, en cambio, nadie pone en duda que en el año 2000 la transición se llevó a cabo de manera completa e inobjetable. Desde el gobierno de Valentín Paniagua en adelante, las libertades fueron recobradas y las elecciones han sido limpias. Vale decir, se transitó sin ambigüedades hacia la democracia.

La segunda gran diferencia se plantea en términos de las sanciones o impunidades hacia el régimen anterior. En México, se sabe que la impunidad del presidente (el monarca sexenal) y su cohorte es casi absoluta, y esta regla no escrita parece haber sobrevivido en esta era con el predominio del PAN. En el Perú, por el contrario, hemos conseguido lo que parecía utopía pura y dura: ganar la complicada extradición de Fujimori, tenerlo en prisión durante los procesos y verlo desesperado porque se viene la “gran” sentencia*. Vladimiro Montesinos ya recibió sentencias y también ve con resignación que pasará a la sombra varias décadas. Ex ministros ladrones pueblan San Jorge y ex oficiales de las Fuerzas Armadas también están entre barrotes por facinerosos.

Entonces, a partir de estos contrastes, me alegro por lo bien que lo hemos hecho los peruanos. A diferencia de México, hemos recobrado la democracia sin medias tintas y hemos castigado a peces gordos como nunca antes en nuestra historia. Ahora bien, luego de tal conclusión que ilumina mi rostro acostumbrado a dolerse ante el teatro (bufo) de nuestra política cotidiana, me pregunto por las razones de este desenlace.

La primera y obvia razón es que nosotros no hemos debido deshacernos de siete décadas de fujimorismo (¡vaya pesadilla!). Un régimen de apenas una década es bastante más fácil de remover que a los “prinosaurios”. Pero aquí no quiero echar luz sobre la mano invisible de la historia, sino sobre la mano visible de la política.

Creo que la diferencia crucial entre ambos procesos depende de la relación entre los actores políticos (según sean fuertes o débiles) y las instituciones democráticas (según sean autónomas o estén maniatadas). En México, los partidos políticos están promiscuamente relacionados con el Estado. La autoría del fenómeno es del PRI, pero los otros dos principales partidos mexicanos han aprendido bien el negocio. De ahí que alguien dijera que en México se ha impuesto la alternancia sin alternativa. La imbricación entre partido(s) y Estado tiene un resultado principal: los actores políticos son muy fuertes, puesto que lo dominan todo en el interior del Estado. Y, por ende, del otro lado de la moneda, las instituciones democráticas son muy débiles pues no llegan a construir el grado de autonomía necesario para juzgar, por ejemplo, a los políticos corruptos. Así, la ausencia de sanción en México proviene de una combinación de actores políticos muy fuertes con instituciones democráticas maniatadas.

En el Perú, encontramos otra configuración. Cuando se desintegró el gobierno de Fujimori, el poder se dispersó rápidamente en montones de actores políticos. La política peruana se convirtió en un archipiélago de personajes débiles, de ambulantes de la política que, luego de vivir a la sombra del fujimorato, debían sobrevivir en el nuevo mercado político. Como cuando el Imperio romano se vino abajo, ya nadie centralizó el poder y entonces proliferaron los bárbaros. Pero estos bárbaros son todos muy frágiles y en ese contexto las instituciones han conseguido cierta independencia. El Poder Judicial, poco a poco, dejó de ser chacra de Montesinos, las Fuerzas Armadas se vieron deslegitimadas y debilitadas, el Congreso recobró independencia frente al Ejecutivo, se mantuvo una procuraduría ad hoc anticorrupción, etcétera.

Tengo la sensación de que esta dinámica que combina actores débiles con instituciones democráticas más o menos autónomas se mantiene en nuestros días. Recurro de nuevo a México para ilustrar mi propósito. El ex premier Jorge del Castillo y varios de sus ministros fueron destituidos luego de un sonado escándalo de corrupción que, en México, para ponerlo en simple, no sería escándalo. Y menos aun se cargaría a un gabinete. Mucho peores cosas se han ventilado públicamente respecto de los políticos mexicanos (intimidación y/o desaparición de periodistas, vinculaciones más que evidentes con el narcotráfico y hasta redes de pederastas) sin que sanción alguna caiga sobre los responsables. ¿Por qué la diferencia? Porque en el Perú los partidos, los líderes, los movimientos regionales o el propio gobierno son extremadamente débiles y, por lo tanto, no consiguen “controlar” a los distintos poderes del Estado, a los medios de comunicación o a los otros actores. Los “anticuchos” se filtran, los “faenones” se ventilan. En México, por el contrario, el contrario, el poder de los partidos políticos entrelazado con el Estado es tan arraigado que ahí sí se puede controlar con más éxito a los poderes del Estado o a los medios de comunicación. Sospecho que las sanciones políticas y judiciales que reciben los corruptos políticos peruanos son el resultado inesperado y “positivo” de nuestra total desarticulación política (principalmente, la ausencia de partidos. Ojo, no celebro esta ausencia, que trae más problemas de los que evita).

Me parece central subrayar esta dinámica porque, si la impunidad parece más difícil de conseguirse en el Perú, no se debe a que las instituciones democráticas hayan ganado la independencia que necesitan para impartir justicia, ni a que la “cultura” política de nuestros líderes se haya desplazado hacia la orilla de la virtud. Es, más bien, una combinación de actores débiles con instituciones débiles lo que permite el castigo. Antes que la fuerza de la ley, es la debilidad de los políticos. Y es importante resaltarlo pues la “cuchipanda” delictiva puede reagruparse en el futuro y reducir la (precaria) autonomía de las instituciones democráticas (¿la lentitud para investigar los “petroaudios” en el Poder Judicial es un indicio?). Varios grupos políticos (más allá de las diferencias ideológicas que sostienen para la platea) pueden tener el común interés de mermar lo ganado en términos de instituciones democráticas. Cuando todo el mundo es débil y la ley tembleque, el aspirante a matón tiene los dientes largos.

(*) Al cierre de esta edición, el ex presidente había sido condenado a 25 años de prisión.

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